La sonada reforma laboral ha llamado la atención de distintos sectores económicos en el país, aunque ha tenido algunas posiciones positivas por parte de trabajadores y empresas, muchas otras tienen una postura poco optimista frente a lo propuesto por el gobierno. Dentro de los tantos puntos que han hecho ruido entre el empresariado, ha sido el cambio en la forma de contratación, que trae consigo un aumento considerable en los gastos destinados a la nómina.

En los últimos años, las distintas condiciones económicas globales, especialmente las que mayor impacto han tenido en Colombia, como la devaluación, la inflación y sus medidas para contenerla como el aumento en las tasas de interés, han llevado a que las empresas destinen una mayor cantidad de dinero para pagar sus obligaciones financieras, aumentando la presión en la caja, por ende una mayor dificultad para atender pagos a sus proveedores de manera oportuna.

A estas complejas circunstancias a las que se enfrentan las empresas colombianas, se le suma la reforma laboral que, con los cambios en las formas de contratación, conlleva a costos extra en los pagos de nómina y mantenimiento de personal. Si bien se proponen unas mejores condiciones para los trabajadores desde la formalidad, para cubrir estas nuevas responsabilidades salariales a corto y mediano plazo, los presupuestos y planes de las compañías deben tener reajustes o recortes en otras áreas que, sin duda, también son prioritarias.

Aquellos presupuestos más limitados serían mayormente afectados con estos cambios, pues cuentan con poca flexibilidad para ajustar pagos y responsabilidades con proveedores, operaciones y clientes, además de las nuevas obligaciones contractuales con sus trabajadores o colaboradores. Este desequilibrio podría traer consecuencias que lleven a un incremento de la morosidad en las carteras, incluso, llegar hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de sus operaciones y producción. Cuando las facturas se dejan de pagar oportunamente se afectan los flujos de caja y sus consecuencias pueden tocar a múltiples actores con los que se tiene relación: minoristas, mayoristas, proveedores de materias primas, cadena de suministros y la red de distribución, etc.

Previendo no sólo los cambios de las reformas gubernamentales, sino también la incertidumbre económica global, las empresas de todos los tamaños y verticales (en especial las pequeñas y medianas), deberían iniciar estrategias que prioricen el pago de las cuentas por cobrar y tener un flujo de caja que garantice su operación. A pesar de esta necesidad, en el país tan solo el 0.3% de las compañías cuentan con un seguro de crédito, según la SuperSociedades, como respaldo para mitigar los impagos.

Si bien el articulado aún se encuentra en discusión, es una oportunidad para que las empresas consideren dentro de sus planes una mayor prioridad para la gestión del riesgo. Con esto, es posible tomar decisiones con mayor seguridad, evitar pérdidas y responder a sus compromisos, permitiéndoles estar preparados ante cualquier eventualidad o cambios regulatorios como los que trae una reforma, en este caso, laboral.

De este modo, un seguro de crédito puede ser una herramienta valiosa para mitigar los riesgos de impago y la gestión financiera en la empresa. Esto implica buscar una entidad aseguradora confiable, que ofrezca una cobertura adecuada a las necesidades de la organización y evaluación de factores que puedan afectar el desempeño y continuidad de sus operaciones como lo es Cesce Colombia.